Preocupación ante el Protocolo para detención de personas LGBT

Hace pocos días fue publicado en el boletín oficial la resolución 1149-E/2017 en la que se anuncia la aprobación del “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención Para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT”. La medida fue firmada por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y será utilizada por las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Después de conocerse la noticia, distintas organizaciones y referentes LGBT manifestaron preocupación y repudio por la medida. La bruja Lucía García Itzigsohn analizó el tema en el espacio de Género del programa radial Grasa Capital (AM Radio Universidad de La Plata).

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Lucia

VOCES EN RESISTENCIA

Luciana Sanchez, compañera integrante de la COPADI (Colectivo por la Diversidad), que es además activista y abogada, opinó que la preocupación está en que “el protocolo se sanciona en un contexto de aumento de la violencia institucional y persecución gubernamental contra el colectivo LGTBIQ”: razias, cierres de centros culturales, lesbofobia en las detenciones que hubo en la marcha del 8M por ejemplo, o la detención de las chicas por besarse en la calle. Luciana contó también que desde la COPADI ya se vienen presentando amparos por la persecución y represión policial.

Otro dato importante es que entre los argumentos del protocolo, el Ministerio recordó que Ley N° 26.743 establece que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme su identidad de género y a ser tratada conforme a ella; y en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”. Esto ya está establecido en la resolución firmada en el 2011 por la entonces Ministra de Seguridad, Nilda Garré y que terminó siendo un anticipo a la ley de identidad de género.

También opinó Lara Bertolini, integrante del Colectivo Las Bases: “Estas son medidas que ya existían y cabe preguntarse por qué el Ministerio sale con esto ahora. De hecho no lo tendrían que haber aclarado nunca, es como que quieren piedra libre para salir a reprimir. Es una vergüenza que estén sacando esto ahora, en momentos donde la policía está requisando hoteles, preguntando si viven travestis y migrantes. Esto solapadamente es también para perseguir migrantes”.

El protocolo detalla en nueve páginas en qué casos las fuerzas de seguridad pueden privar de la libertad a una persona y cuáles son los actos iniciales de la aprehensión (aseguramiento, comunicación de derechos, confección del acta de detención, etc).

Otro dato a tener en cuenta es que la medida sale a pocos días de celebrarse una nueva Marcha del Orgullo (segundo sábado de noviembre).

Fragmento del comunicado de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bixesuales y Trans:

“Por otro lado, consideramos que si las fuerzas de seguridad efectivamente respetaran y cumplieran las leyes vigentes y los derechos humanos -en general-, y la Ley de Identidad de Género -en particular-, no tendría razón de existir este Protocolo.”

También opinó Darío Arias, integrante de la organización Conurbanos por la Diversidad: “Esta iniciativa va en la línea de este gobierno para simular que hace medidas hacia el colectivo pero que es una trampa, porque es una bomba de humo. Es para maquillar el aumento de la violencia social y crímenes de odio. Mirada de afuera puede parecer algo positivo sin serlo. Creemos que hay que generar políticas públicas y de acceso a la Justicia y protección, y no protocolos que avalen la represión y la violencia”.

Greta Pena, presidenta de la organización 100% Diversidad y Derechos dijo: “(…) son 50 páginas innecesarias donde derogan una resolución que ya hablaba de este tema, con errores conceptuales graves porque confunden orientación sexual con identidad de género”. Y agregó: “Lo que necesitamos del Ministerio de Seguridad es que mande la orden política a las fuerzas de seguridad de no discriminar y violentar a la comunidad LGBT”.

Say Sacayán, referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) opinó al respecto que “el protocolo está escrito desde la lógica de que si sos trava, trans, torta, puto o intersex sos un delincuente” Y agregó: “No están pensando en respetar los derechos humanos del colectivo, porque si pensaran en eso, estarían cumpliendo con la ley de cupo laboral trans. Lo que están planteando con el protocolo es una cacería, nos quieren amedrentar”.

Sacayán también se refirió a la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó: “Le quitan la autonomía al Ministerio Público Fiscal que como órgano extra poder es una institución indispensable para mantener el Estado de Derecho. El hermanx de la activista asesinada Diana Sacayán, dijo que desde el momento que asumió este gobierno la organización que lidera entendió cuál era su plan, “por eso, la firmeza en nuestros reclamos”, dijo.

La renuncia de la procuradora general Gils Carbó

La abogada Luciana Sánchez agrega que el actual protocolo “es publicado cuando Alejandra Gils Carbó acaba de presentar su renuncia, efectiva desde el 31 de diciembre de este año. Esta renuncia a la que la Procuradora fue presionada por las autoridades del actual gobierno, nos deja sin PROCUVIN, sin UFEM, sin PROTEX, sin UFISEX, sin DOVIC, entre otras unidades y procuradurías especializadas contra la violencia institucional, impulsadas por su gestión. O sea, en un contexto de abuso policial, aparece un protocolo que tiene que ser controlado por un Ministerio Público Fiscal cuya titular acaba de renunciar.”

(Fuente: Agencia Presentes)

 


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